Salud en alerta: los recortes de Nación se sienten en clínicas y sanatorios
Desde las principales cámaras que agrupan a las empresas de salud del sector, reclamarán precisiones sobre la continuidad de los programas que lleva adelante el gobierno nacional para promover la calidad y seguridad en los servicios.
Desde las principales cámaras que agrupan a las empresas de salud del sector, reclamarán precisiones sobre la continuidad de los programas que lleva adelante el gobierno nacional para promover la calidad y seguridad en los servicios.
Tras el cimbronazo que dejó la pandemia del COVID en el sistema de salud, las huellas siguen reflejándose en el día a día de las instituciones que, lentamente, volvieron a normalizar su actividad, pero aún con graves déficits.
Si bien los niveles de atención, luego de meses y meses de pandemia, de encierro, de colapso por el coronavirus, se siguen recuperando las clínicas y sanatorios que pudieron mantenerse y seguir a flote siguen nadando en el mar de la incertidumbre y del desfinanciamiento. Con costos que crecen y crecen, al ritmo de la galopante inflación, y que no se reflejan en la actualización de los aranceles y valores prestacionales –tanto de obras sociales como de la medicina prepaga-, “el sistema de salud sigue en riesgo”, advirtieron referentes del sector privado.
No obstante, ahora nuevamente se encendió una luz amarilla ante la posibilidad de que se “discontinúen” programas de asistencia directa a los prestadores de salud.
Desde el gobierno nacional se otorgaron y sucedieron, en medio del ‘huracán SARS-CoV-2’, programas de aportes para auxiliar al sector en crisis que se puso sobre la espalda la necesidad de hacer frente al colapso sanitario.
En primer término se implementó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que posibilitaba a las empresas cumplir con las obligaciones salariales.
Luego se delinearon otros programas de asistencia y en mayo del año pasado, ya dependiente del Ministerio de Salud, se habilitó el Programa Nacional de Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad (Resolución 978/2022) cuyo objetivo se asoció a asegurar la calidad y seguridad en la atención de los pacientes. Sin embargo, los fondos “se fueron achicando” y los objetivos resultaron demasiado ambiciosos, señalaron desde entidades consultadas.
Accedieron sanatorios y clínicas de todo el país, que cumplían determinadas condiciones, comenzaron a percibir aportes –por debajo de los valores de los ATP- por cada trabajador.
Sin embargo, las instituciones se encuentran en alerta y bajo un clima de incertidumbre porque la asistencia podría ser interrumpida.
“Ya se comenzaron a realizar gestiones y se prevén reuniones en el ámbito del Ministerio de Salud de Nación”, contó Andrés Sabalette, gerente del sanatorio Juan XXIII de Roca, “ya que hay temor de que el FESCAS sea discontinuado o modificado y que sea reducido significativamente. Hoy el aporte mensual que reciben las entidades es equivalente a la mitad de un salario mínimo, vital y móvil, es decir $33.125 por cada empleado en relación de dependencia”.
“Esta herramienta surgió en medio del escenario de crisis por pandemia y es necesaria porque aún las clínicas y sanatorios no hemos logrado recomponer los aranceles, que quedaron congelados, en muchos casos”.
Referentes del sector destacaron que los costos prestacionales “se elevaron notablemente y las clínicas tenemos una situación de desmejora económica y el impacto se ve y se verá aún más por la imposibilidad de invertir en mejoras, en renovación de equipos y en ofrecer más y mejores servicios”.
“Se sigue atendiendo lo urgente, se sigue trabajando tal como lo hicimos en pandemia sin cerrar las puertas, pero seguimos en la cuerda floja”, explicó Sabalette.
La quita o el recorte de programas de apoyo a las instituciones de salud significaría un nuevo cimbronazo para el sector.
“Necesitamos poder contar con un programa de asistencia para evitar el deterioro de las prestaciones y el retraso tecnológico”, añadió, frente al escenario de desfinanciamiento que sufren las entidades privadas.
Se pretendía y confiaba en que, pasada la emergencia, este subsidio se transformara en un estímulo para invertir en calidad y seguridad.
“Hoy en general tenemos una situación de desmejora económica a partir de los precios, por la desvalorización del arancel, y ese impacto se subsidia, de alguna manera con endeudamiento, con falta de inversión, con falta de mantenimiento y crecimiento en la estructura que hacen a la calidad y seguridad del servicio. Al no recomponerse el precio de venta de nuestro servicio eso alteró la ecuación económica de cada institución”, explicó Sabalette.
La pandemia y el después
Cuando el COVID puso patas para arriba el mundo, las instituciones de salud debieron dejar de atender las patologías habituales, los servicios de apoyo (administrativos en especial) debieron trabajar desde sus casas, y concentraron sus esfuerzos en atender directamente y en forma conjunta con las autoridades provinciales, a los pacientes de la pandemia que no tenían en su momento tratamientos definidos. Incluso las instituciones privadas reformaron los servicios propios y aportaron elementos, maquinarias y personal médico a los organismos públicos de salud.
En poco tiempo, los elementos de protección y elementos de desinfección aumentaron drásticamente de precio, al igual que las medicinas utilizadas para salvar la vida de los enfermos.
Estas condiciones demolieron la posibilidad de utilidades y siquiera el mínimo equilibro financiero, se indicó desde otra de las instituciones sanatoriales de la región.
Los financiadores (obras sociales, prepagas, Pami y obras públicas provinciales) también vieron afectados el equilibrio de los cargos que debían afrontar, en un escenario en que se perdieron fuentes de trabajo.
Como consecuencia, los financiadores retrasaron el ajuste de aranceles.
El Estado nacional lanzó, en este marco, subsidios y regulaciones. Por un lado, a los financiadores: aportes directos o autorizaciones para que las prepagas aumenten sus cuotas a los afiliados y no transfieran las mismas a los prestadores, y por el otro aporte al sistema prestacional privado.
Subsidios al sistema prestacional privado
Se concentraron desde el inicio en dos partes: por un lado, aportes equivalentes a casi la mitad de los sueldos (según la zona del país) y en las contribuciones patronales.
El primer programa de subsidios se llamaba ATP. Para recibirlos había que cumplir ciertas limitaciones en cuanto a nivel de actividad, para socorrer a las instituciones en crisis.
Como la actividad cayó en muchos rubros, se creó el sistema equivalente para las otras industrias que llamaron Repro
Tras el inicio de la vacunación masiva, se puso fin a los ATP, pero la actividad no se había normalizado y ante la necesidad se generó el Repro II. “Los insumos pasaron de ser un elemento menor del costo de los servicios a ser muy importante (un tercio del costo), con los salarios congelados, los aranceles congelados, con inflación, empezaron a faltar especialidades médicas, sin lograr el nivel de actividad, varias clínicas del interior colapsaron y algunas fueron absorbidas por instituciones mayores o prepagas”.
El Repro II no tuvo un alcance significativo, se deslizó, y allí surgió el programa Fescas, con el objeto ambicioso de asistir a las instituciones de salud que inviertan en mejoramiento.
“Lamentablemente, las condiciones fijadas para mejoras son simples requisitos burocráticos sin efectos prácticos y parecen ser una limitación aun mayor de los aportes a las instituciones. Ya casi no hay instituciones que las reciban porque las escalas desactualizadas llevaron a circunscribirlas a aquellas que no pudieron regularizar sus operaciones y tienen un deterioro importante de su matriz financiera”, se advirtió desde el sector.
